jueves, 2 de septiembre de 2010

Genealogia Blog: Apellidos Canarios#c255076043890740925

Ge
Hola Me llamo Graciela Cabella. Vivo en Montevideo, Uruguay. Deseo saber sobre el apellido Cea y Arigón o Arijón.Mi bisabuelo materno se llamaba Francisco Cea, y mi bisabuela era Francisca Arijon o Arigón. Mi madre que tiene 85 años me decía que su mamá le contaba que los abuelos habían venido de Islas Canarias, pero no sé de qué lugar concreto. Si alguien sabe algo sobre esos apellidos en Canarias, mi mail es gscout91@yahoo.com Canarios#c255076043890740925

sábado, 15 de noviembre de 2008

De MARIANA GARCIA.desde BUENOS AIRES (UBA)

Tres directivos de la firma Soho fueron sobreseídos por el juez Oyarbide.Subnotas Rechazo del cónsul de Bolivia El juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a tres directivos de una empresa de indumentaria, acusados de contratar talleres de costura donde se empleaban inmigrantes indocumentados, en condiciones de máxima precarización laboral. Entre sus argumentos, Oyarbide argumentó que ese modo de explotación sería herencia de "costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría" de los talleristas y costureros, y que se trata de "un grupo humano que convive como un ayllu o comunidad familiar extensa originaria de aquella región, que funciona como una especie de cooperativa". El fiscal y el abogado de la querella apelaron la resolución. Y el cónsul general de Bolivia opinó que el juez "debió haberse informado sobre la naturaleza de las costumbres ancestrales, que nada tienen que ver con los tristes sistemas de esclavitud" que rigen en estos talleres clandestinos (ver recuadro).Oyarbide interviene en la causa originada a partir de una denuncia realizada por ex trabajadores de Soho y la Cooperativa La Alameda, con el aval de Liga Argentina por los Derechos del Hombre, a partir de inspecciones realizadas en 2007 por el gobierno porteño. En la investigación, el fiscal federal Patricio Evers, determinó que la empresa Gilmar SA, que comercializa la marca Soho en los principales shoppings del país, terceriza la confección de las prendas en talleres clandestinos, donde trabajan extranjeros indocumentados. La denuncia fue publicada en marzo de 2007 por Página/12.Ahora, Oyarbide sobreseyó a los tres directivos de Soho con un argumento que ya había utilizado la Sala II de la Cámara Federal porteña. En aquella ocasión, los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani sobreseyeron a talleristas que habían sido procesados por el juez federal Ariel Lijo. Y en su fallo, hicieron alusión a la supuesta tradición cultural de los pueblos originarios y al ayllu, una organización comunitaria del pueblo aymara.De acuerdo con las definiciones académicas, el ayllu era una forma de comunidad familiar ampliada que trabajaba en forma colectiva en un territorio de propiedad común, en el Altiplano, donde todos obtenían el mismo beneficio y a lo sumo tributaban una parte de su producción al Estado incaico. La tradición dice que allí no existían prácticas discriminatorias ni la posibilidad de acumulación individual, todo lo contrario a los sistemas precapitalistas de explotación que se ponen en práctica en los talleres clandestinos que funcionan en Buenos Aires.El otro argumento que utilizó Oyarbide para sobreseer a los imputados es que no se encontraría probada la finalidad de los acusados de "obtener directa o indirectamente un beneficio" económico. Para ello, utilizó otro argumento de la Sala II, que cuestiona "la ambigüedad" en la redacción de la ley 25.871, de Migraciones. El artículo 117 de esa norma dice que "será reprimido con prisión o reclusión de uno a seis años el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros" en el territorio nacional "con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio".Ese es el delito que les había imputado el fiscal Evers a Nelson Alejandro Sánchez Anterino, Gabina Sofía Verón y Hermes Raúl Provenzano, responsables legales de la firma Soho, tras determinar que desde esa compañía se tercerizaban trabajos de costura en al menos dos talleres donde habían detectado la presencia de extranjeros indocumentados, que trabajaban doce horas por día, con haberes de entre 500 y 900 pesos mensuales y vivían en una piecita que les alquilaban los propios talleristas."Ningún empresario contrata un taller de costura sin tener un mínimo de contacto previo donde se le garantice el cumplimiento de los plazos y las normas de calidad", sostuvo el fiscal en ese momento. "Esta circunstancia de explotación laboral -añadió- no sólo no puede ser desconocida por los empresarios sino que, por el contrario, indica que es consentida y tácitamente favorecida, para obtener mayor producción a menor costo".Oyarbide dictó el sobreseimiento en base a los argumentos mencionados y a nuevas inspecciones en las que detectó que la situación migratoria de las personas que estaban en el lugar "era regular", al tiempo que "no se encontró a persona alguna realizando tareas del rubro textil ni maquinaria para desarrollar esa labor".El fallo fue apelado por el fiscal Luis Comparatore y por el abogado de la querella, Rodolfo Yanzón. "Es evidente que después de los primeros procedimientos, los talleristas dejaron de producir, mudaron los talleres a otros lugares y regularizaron la situación documental de las personas que viven allí", dijo Yanzón a Página/12.El abogado también rechazó los argumentos que aluden a las "antiguas costumbres de los pueblos originarios, que resultan totalmente inaplicables al caso y que incluso podrían ser tildados de discriminatorios". Argumentó que "los responsables de la firma Soho no ignoraban lo que estaba aconteciendo" en esos talleres, que subcontrata "con conocimiento de la forma en que éstos funcionan, es decir, con trabajadores traídos o venidos del extranjero en condición migratoria irregular". Sostuvo que se benefician al evadir las responsabilidades de la Ley de Trabajo a Domicilio y, al suministrarles materias primas para que funcionen, "facilitan la permanencia ilegal de extranjeros" en el país.El abogado pidió la intervención de la Sala I de la Cámara, que tiene un criterio opuesto a la que integran Catani e Irurzun: el 30 de noviembre último, los jueces Eduardo Freiler, Gabriel Cavallo y Eduardo Farah le pidieron a Oyarbide que no limite la investigación en los talleristas y que indague entre las empresas "que pudieron haberse aprovechado de esta actividad mediante el encargo de trabajos en estas condiciones". Esa resolución se adoptó en otra causa que investiga Oyarbide, en la que están procesados once talleristas.El debate judicial no es menor. "Se trata de un caso testigo de imputación penal a una marca por violación a la Ley de Migraciones", afirmó Gustavo Vera, de La Alameda.(c) 2000-2008 www.pagina12.com.ar República Argentina Todos los Derechos Reservados

GUSTAVO RAMIREZ. DESDE GUATEMALA

Guatemala:
“Debemos entender mejor el fenómeno migratorio para poder trabajar mejor con los migrantes”
21 de abril de 2008
Milagros Mateos
Gustavo Ramírez es el coordinador del I Foro sobre “Vulnerabilidades y Capacidades relacionadas con movimientos migratorios” celebrado en Antigua (Guatemala) desde el día 31 de marzo al 4 de abril de 2008. Este es el primer Foro sobre Migraciones en América Latina y ha contado con la participación de 31 representantes. Entre estos se encontraban representantes de 12 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, de la Federación Internacional y del Comité Internacional de la Cruz Roja, así como ponentes de otras organizaciones como Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en Guatemala y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México y la Dirección Nacional de Migraciones y Extradición de Honduras. Además han participado diversas organizaciones y gobiernos de varios países de América Latina durante estos días en los que se han debatido los temas migratorios desde diferentes perspectivas que abarcan desde las responsabilidades gubernamentales frente a los movimientos migratorios hasta los aspectos psicosociales, el contexto jurídico o los derechos humanos de las personas migrantes.¿De dónde surge la necesidad de hacer este Foro en América Latina?Han sido las propias Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de América Latina quienes han identificado tema de la migración como un área importante de acción humanitaria en casi todos los países. Además esta realidad ha pasado a ser parte de la agenda política de los gobiernos que ven con preocupación el aumento de las migraciones trasnacionales. Este contexto nos lleva a plantear la necesidad de entender mejor el fenómeno y de abordarlo de forma más correcta. Este foro es sin duda un paso importante en la preparación de Cruz Roja y de la Media Luna Roja para abordar este fenómeno de forma mas profesional y organizada. ¿Cuales han sido los objetivos que se plantearon conseguir en el Foro?Nos planteamos tres objetivos; el primero era conocer mejor el contexto latino americano de las migraciones, el segundo, analizar las vulnerabilidades y capacidades de los movimientos migratorios y también conocer nuestras propias capacidades y vulnerabilidades, y el tercero, facilitar el intercambio de experiencias entre todos los participantes: gobiernos, sociedad civil y Cruz Roja. Creo que el evento ha sido muy enriquecedor desde el punto de vista del intercambio de experiencias lo que sin duda nos abren puertas para el trabajo futuro con las otras organizaciones que participaron.¿Desde que situación parte la Cruz Roja en los países latinoamericanos sobre las migraciones y hacia donde se quiere ir? Podemos constatar que en América Latina existen algunas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja con experiencias muy valiosas motivadas por la propia realidad de su país y por la experiencia de trabajo que ya tienen sobre las migraciones, el exilio y el desplazamiento pero que sin duda es necesario abordar desde estrategias más coordinadas. Queremos que trabajar la visión positiva de las migraciones con el espíritu de transformar el fenómeno de la migración a una oportunidad más que en un problema.¿Cuáles son las conclusiones que saca tras 4 intensos días de trabajo?Yo saco 3 conclusiones de este encuentro. La primera sería que nos hemos dado cuenta que el fenómeno migratorio en America Latina es más amplio y complejo de lo que inicialmente creíamos y que exige acciones humanitarias para abordarlo. La segunda, que tenemos que prepararnos mejor para hacer un trabajo eficiente y que produzca resultados que favorezcan la vida de los migrantes, y la tercera, es que tenemos que abordarlo desde una perspectiva más global y por lo tanto, buscar mecanismos que aseguren una mejor coordinación tanto en América como en otras partes del mundo.¿Cuál cree que será el futuro del Foro?Me siento satisfecho de los resultados obtenidos porque hemos conseguido el dialogo, la participación y la puesta en común de preocupaciones y experiencias sobre un tema tan relevante. Además, consideramos que tiene que haber una continuidad y como organizadores del Foro, tenemos la responsabilidad de buscar una manera de darle seguimiento y concretar la manera de apoyar a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para seguir trabajando sobre este tema.Asimismo quiero agradecer especialmente el apoyo que nos han brindado algunas Sociedades Nacionales como la Cruz Roja Española, la Cruz Roja Noruega, así como AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) que nos ha facilitado todas las condiciones para poder reunirnos y dialogar.

Gustavo Ramírez es el coordinador del I Foro sobre “Vulnerabilidades y Capacidades relacionadas con movimientos migratorios” celebrado en Antigua (Guatemala) desde el día 31 de marzo al 4 de abril de 2008.


DESDE REPUBLICA DOMINICANA

Hola a todos, Este articulo lo encontre en la pagina web y me parece interesante ya que la prensa comienza recoger la informacionde migraciones como un asunto humanitario. un abrazo.


REUTERS - 06.05.2008 14:10ENFOQUE-
A. Latina se debate entre amor y odio ante inmigrantesPor Alexandra Valencia y Carlos Andrade GarcíaQUITO (Reuters) - Gloria Grisales agarró lo poco que tenía a mano y abandonó Colombia hace dos años huyendo del sangriento conflicto interno que azota a su país. Hoy es una inmigrante ilegal, no tiene un trabajo fijo y sus dos hijos, al igual que ella, son discriminados por su origen.El "vía crucis" de Grisales podría compararse al que muchos latinoamericanos viven en los más recónditos lugares del planeta, a los que se trasladan en busca de un mejor futuro económico.La historia puede replicarse en Lima, México, Santiago y Buenos Aires, con diferentes actores, pero similares matices de explotación y maltrato, lo que es una paradoja dado los esfuerzos que realiza América Latina para que Estados Unidos y Europa den un trato digno a sus millones de emigrantes."Sufrimos problemas de discriminación y xenofobia, sobre todos los niños. La verdad es que la situación de nosotros es crítica," dijo Grisales, con el tradicional acento colombiano, en un refugio para inmigrantes que recibe denuncias de ataques en su contra por parte de la población y autoridades."A mi hijo le pegan y le dicen colombiano guerrillero, narcotraficante (...) No todos estamos aquí por hacerles mal," agregó la colombiana, quien permanece ilegalmente en Ecuador, país que tiene una de las tasas de emigración más altas de la región, desde que una crisis arrasó con la economía en 1999.MAS ALLA DE LOS NUMEROSUn 25 por ciento de los ecuatorianos ha emigrado y reside en otro país, según cálculos internacionales, en una muestra de un fenómeno que afecta a unos 191 millones de personas en el mundo al optar por la migración, temporal o permanente, como el camino hacia el empleo.Sin embargo, la pequeña nación andina de más de 13 millones aparece hoy como un punto de atracción para miles de habitantes de países sudamericanos, que quieren tomar ventaja de su relativa estabilidad económica y crecientes salarios, desde que adoptó el dólar como moneda en el 2000, para zanjar la crisis económica.No existen estadísticas oficiales con respecto a cuántos extranjeros viven en Ecuador, pero al menos unos 500.000 colombianos residen legal o ilegalmente. A ellos se suman miles de peruanos y bolivianos que trabajan en sectores de la construcción, la agricultura y servicios domésticos.El proceso de inserción, que se registra a lo largo de toda América Latina, por el aumento del flujo de emigrantes atraídos por las economías más sólidas de la región, como Chile, no ha sido fácil.Una encuesta aplicada en el 2006 por el Servicio Jesuíta a Refugiados, ente que apoya a los emigrantes, determinó que el 55 por ciento de residentes en barrios y comunidades con alta presencia foránea en Quito, considera que el ingreso de colombianos resta trabajos e incrementa la delincuencia.La supuesta competencia laboral de los inmigrantes y su vinculación delictiva alimentan percepciones que pueden traducirse en actitudes discriminatorias, un fenómeno que afecta a todos los latinoamericanos, que batallan por reducir un desempleo que llegó al 8,2 por ciento en el 2007.En México, un paso clave para miles de latinoamericanos en ruta a Estados Unidos, se han reportado la explotación de infantes, secuestros de trabajadores inmigrantes y violaciones y abusos sexuales contra mujeres. En República Dominicana, Chile y Colombia hay casos similares. Y la lista puede seguir.Los ataques contra colombianos o peruanos en Ecuador aún son esporádicos, pero las autoridades se mantienen en alerta, más aún cuando Naciones Unidas ha advertido que la región no puede permitir la impunidad, porque podrían alentar replicas de ataques peores a los que se viven en países desarrollados.Los otros escollos que enfrentan los inmigrantes van desde problemas para enrolarse, alquilar una vivienda, conseguir préstamos y acceder a los servicios estatales de educación y salud. Incluso los inmigrantes con proyectos exitosos tienen historias xenófobas que contar."El origen de las personas no puede ser nunca un criterio para convertirlas (...) en peligro de seguridad," dijo el ministro de Gobierno de Ecuador, Fernando Bustamante, después de que una turba recientemente quemó a dos colombianos, por supuestamente asesinar a un poblador de una localidad costera.El caso está en investigación. Colombia expresó su malestar por el incidente.REGULARIZACION, UN PUNTO CLAVELos inmigrantes residentes en Ecuador enviaron a sus países de origen unos 135 millones de dólares en el 2007, entre remesas y transferencias corrientes, frente a los 3.087 millones de dólares que recibió el país andino de sus emigrantes, según datos del Banco Central (BCE).Entre Ecuador, Colombia y Perú rigen salarios mínimos de unos 200 dólares mensuales, por lo que la movilización de personas se alimenta por el acceso a puestos de trabajo y la estabilidad social.Aunque no existen datos sobre los flujos migratorios dentro de la región, organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica han insistido en la necesidad de regularizar a los miles de ilegales, para evitar la explotación laboral.Ecuador y Perú, países entre los que existen políticas migratorias flexibles lo que complica la identificación de ilegales, pusieron en marcha un programa que ha permitido a unos 600 peruanos obtener permisos laborales desde el 2006, según datos del Ministerio de Trabajo de Ecuador.Abos países redujeron al mínimo los costos para facilitar la regularización, un proceso con el que Ecuador ha cubierto las actividades dejadas por sus emigrantes. Chile emprendió el año pasado una iniciativa similar que beneficiaría a unos 20.000 inmigrantes ilegales.Pero, el trabajo todavía está en pañales, más aún cuando expertos no se ponen de acuerdo con respecto a si América Latina, que atraviesa por un repunte económico alentado por el alza del precio de sus materias primas, verá aumentar o disminuir el flujo de inmigrantes dentro de su jurisdicción."Yo no le alquilo a colombianos porque son peligrosos. Uno no sabe si son delincuentes o narcotraficantes. Siempre me dan miedo cuando me encuentro uno en la calle," dijo una señora, que no quiso identificarse, en un populoso barrio de Quito.(Redacción Quito. Editado por Paulina Modiano)

Neyra PaulinoRepublica Dominicana, Sto. Dgo.

De MariPili SAENZ desde PERU

Hola amig@s,Un artículo interesante.
Un abrazo,MariPili
Los inmigrantes, bienvenidos a las cárceles de los condados de Estados Unidos La mayoría de inmigrantes arrestados y retenidos por la policía no son delincuentes, sino trabajadores migrantes a quienes les faltan los documentos apropiados para vivir y trabajar en Estados Unidos Tom Barry (IRCAMERICAS) [01.08.2008 19:19] - 43 lecturas - 0 comentarios
La intensa campaña de redadas antiinmigración está llenando las cárceles de condados de todo el país con inmigrantes arrancados de sus empleos y hogares. Decenas de miles de inmigrantes arrestados están siendo alojados en las cárceles de los condados, en tanto esperan la fecha de su juicio y posterior deportación.
Con la escalada de las redadas antiinmigrantes, cada vez más comisiones de condados y departamentos policíacos celebran contratos con el gobierno federal para hospedar a los inmigrantes arrestados. La gran mayoría de los gobiernos de los condados o distritos esperan con vehemencia recibir inmigrantes en sus prisiones.
Los pagos 'per diem' o por cuota diaria, que perciben de dos agencias federales-el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE , en inglés) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service, USMS)-cubren los déficits de los presupuestos distritales, la contratación de nuevos comisionados, y los proyectos de expansión de prisiones. Aunque algunas localidades se quejan de sobrepoblación en las cárceles y de una dispersión de las prioridades policíacas, cada vez más gobiernos distritales se benefician económicamente de la campaña de redadas antiinmigrantes.
El ICE es la agencia de la Secretaría de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) responsable de 'la detención y extracción' de los inmigrantes no autorizados. El USMS es la agencia del Departamento de Justicia que transporta a presos federales, entre ellos inmigrantes aprehendidos. Ambas agencias ofrecen pagos cuota diaria-generalmente mucho más elevados que los que proporcionan las organizaciones policíacas locales-a los gobiernos y empresas privadas que proveen camas para los inmigrantes.
El ICE tiene sus propios centros de detención pero éstos a menudo están llenos o demasiado lejos de donde se realizan las redadas de inmigrantes. Desde el 11 de septiembre de 2001, el gobierno federal de EEUU ha expandido sin cesar el número de camas en sus centros de detención de inmigrantes. La administración Bush ha añadido 13,000 camas a los centros de detención del ICE y a sus 'instalaciones de detención subcontratadas' propiedad de empresas privadas. La mayoría de estos centros se ubican al suroeste de EEUU Actualmente hay 32,000 camas en los ocho centros de detención del ICE y en los siete centros de detención de inmigrantes que administran la Corrections Corporation of America y el GEO Group, subcontratados por el ICE.
No obstante este incremento, el ICE continúa bajo intensa presión para hallar espacios para el número creciente de inmigrantes que la agencia ha detenido. Respondiendo a presiones de los restriccionistas de la inmigración, la administración Bush y el Congreso están comprometidos a aumentar los espacios de alojamiento de inmigrantes detenidos. La Reforma de Inteligencia de 2004 autorizó la expansión a 40,000 camas para 2010, y el presupuesto presidencial para 2009 incluye fondos para 1,000 camas, que en su mayoría serán subcontratadas.
Sin embargo, a medida que el ICE eleva el 'cumplimiento interno de la ley', la agencia está arrestando grandes cantidades de inmigrantes en áreas rurales distantes de sus 15 centros de detención. La reciente redada del ICE en la planta procesadora de carne Agriprocessors Inc., descrita por el procurador de EEUU en Iowa como 'el mayor operativo de cumplimiento de la ley en centros laborales en toda la historia de Estados Unidos', envió a más de 300 inmigrantes a cárceles de condados esparcidos a través de Iowa o a la prisión del estado. La mayoría se han declarado culpables de fraude documental y se les ha sentenciado a penas de hasta cinco meses de prisión.
La redada en Agriprocessors Inc. es ejemplo de otro factor que conduce a un mayor número de detenciones en cárceles y prisiones distritales. En lugar de simplemente aprehender y deportar a los inmigrantes no autorizados, ahora el ICE los acusa de delitos. En el caso Agriprocessors se expidieron órdenes de aprehensión para 697 trabajadores por delitos como 'fraude de identidad con agravantes', empleo de una clave fraudulenta de seguridad social, reingreso al país después de haber sido deportado, y empleo fraudulento de una tarjeta de registro de inmigrante ilegal.
La cacería de inmigrantes, una nueva y excitante oportunidad de hacer negocios
Durante los últimos años, el ICE ha alentado a los gobiernos distritales no solo a auxiliarle en la detención, sino también a cumplir la ley antiinmigración. Conforme a los convenios 287(g) del ICE y con la colaboración de su nuevo Centro de Apoyo al Cumplimiento de la Ley, el ICE capacita y encarga a la policía local y suministra fondos para los comisionados y oficiales policíacos. Aunque la reforma a la ley de inmigración de 1996 autorizó el programa, éste no se inició sino hasta después de 2001. En los últimos dos años, los convenios 287(g) se han convertido en 'una de las ideas más atractivas y rentables para los funcionarios estatales y locales que se ocupan de la inmigración.'
El programa 287(g) está ganando rápidamente nuevos socios estatales y distritales, aumentando su número de solo ocho socios a principios de 2007, a 47 socios actualmente, con 90 organismos policíacos estatales y locales en la lista de espera para celebrar convenios con el ICE. Según esta agencia, desde 2006 se ha deportado o se tienen programados para su deportación a más de 50,000 inmigrantes como resultado del programa 287 (g). Si bien muchos comisariados y departamentos de policía distritales, sobre todo en las zonas rurales, se han unido con entusiasmo a la campaña de redadas de inmigrantes, otros jefes de policía, respaldados por los gobiernos distritales, se han rehusado a aplicar la ley de inmigración arguyendo que ello les distrae de sus responsabilidades de prevención del crimen.
La mayoría de inmigrantes arrestados y retenidos por la policía distrital no son delincuentes, sino trabajadores migrantes a quienes les faltan los documentos apropiados para vivir y trabajar en Estados Unidos. Pero el ICE describe la nueva colaboración federal-distrital más como un programa para la seguridad nacional que para el cumplimiento de las leyes de inmigración.
'El terrorismo y la actividad criminal se combaten con mayor eficacia a través de un enfoque de participación de múltiples agencias y autoridades,' dice el ICE en su descripción de sus nuevos convenios de colaboración con agencias locales de para el cumplimiento de la ley. 'Las policías estatales y locales desempeñan un papel crítico en la protección de nuestra patria porque a menudo son los primeras entidades que responden en el sitio donde ocurre un incidente o ataque contra Estados Unidos.
En el transcurso de sus tareas diarias, con frecuencia encontrarán delincuentes nacidos en el extranjero e infractores migratorios que representan una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública.'
A los críticos de la participación creciente de las fuerzas policíacas de condados en los arrestos y detenciones de inmigrantes, les preocupa que ello conduzca a arrestos basados en perfiles raciales, desaliente la cooperación de los inmigrantes con la policía local, divida a las comunidades y distraiga a las policías y comisionados de asuntos de seguridad pública más urgentes. La presión ejercida por los restriccionistas de la inmigración, que alegan que los inmigrantes ilegales representan una amenaza auténtica a la seguridad y el bienestar públicos, a menudo logran hacer a un lado estas preocupaciones en la discusión pública.
En última instancia, las consideraciones económicas son de enorme peso para las comisiones y los departamentos policíacos y de alguaciles de los condados. Como dijo el alguacil Roger Mulch a los comisionados del Condado de Jefferson (Illinois), a fines de febrero pasado, 'El ICE, durante los últimos tres meses, ha estado ansioso de hacer negocios con nosotros.' Cada localidad negocia independientemente con el ICE y el USMS para fijar las tarifas de los pagos cuota diaria, y a medida que aumenta la demanda federal por camas en los condados, los departamentos de alguaciles negocian tarifas cada vez más altas.
En Carolina del Norte, el alguacil Terry Johnson recientemente consiguió persuadir a la Comisión del Condado de Alamance a estar de acuerdo con la solicitud del ICE de convertir al condado en un eje de detenciones y cumplimiento de leyes migratorias, argumentando los beneficios financieros de la detención de inmigrantes, subrayando que con los contratos para detenciones con el ICE y el USMS, el condado probablemente ganará en 2008 entre $5.5 y $6 millones de dólares. Solamente en febrero, el condado ganó $400,000 dólares en 'alquiler de camas'. Para hacer más espacio para los inmigrantes, el alguacil recomendó que el condado comprara unidades modulares de bajo costo para instalarlas en el anexo a la cárcel.
En Arkansas, el alguacil del Condado de Washington Tim Helder explicó a la comisíon distrital que alojar presos federales en la cárcel del condado ha mantenido el presupuesto de la cárcel en números negros. 'cuando puedo obtener más dinero por retener a los presos de alguien más, y tenemos el espacio, ¿por qué no voy a hacerlo?', dijo Helder. 'Para mí simplemente tiene sentido.' No sólo dinero, sino en mayor cantidad de lo que el estado u otros distritos pagan por usar la prisión. El ICE y el USMS pagan $48 dólares diarios, mientras que el condado sólo cobra a las agencias policíacas una tarifa nominal de $10 dólares. 'Pagamos pero que muy bien', afirmó un funcionario del USMS.
El Alguacil Helder dice que puede meterse a la cárcel a presos federales junto a cualquier otra clase de presos. 'Lo que lo hace atractivo es que podemos alojarlos en todos estos hoyos que tenemos', comentó. Los fondos del ICE y el USMS han permitido al condado cubrir el déficit presupuestal en el Condado de Washington, Arkansas, por el centro correccional construido en 2005, y permitirá al condado ampliar la prisión en los próximos dos años para hacer frente a la cercana explosión en la población carcelaria.
En Virginia, el ICE dice que prefiere la cárcel del Condado de Arlington por su cercanía a las oficinas y tribunales federales. En abril pasado, la estancia promedio para las 82 personas en prisión fue de 52.56 días, con algunos inmigrantes acumulando 260 días. '[El dinero federal] solo nos ayuda a compensar los costos que de todos modos tendremos que erogar', dijo la mayor Susie Doyel, de la oficina del alguacil del condado. 'Creo que esto es definitivamente provechoso para el condado.' El condado cobra del USMS y el ICE una cuota diaria de $91 dólares: mucho más alta que los $8 dólares diarios que obtiene del estado por alojar a los prisioneros locales.
A Judy Greene, de Justice Strategies, crítica prominente de las actuales prácticas de detención de inmigrantes, le preocupa que el ICE haya creado un mercado nacional de contratos de camas de prisiones, y afirma que este mercado 'ha imbuido en el sector público conceptos como que el ampliar las cárceles locales generará 'utilidades para el bolsillo de todos''.
Todos los observadores del sistema inmigratorio en Estados Unidos están de acuerdo en que sus políticas no sirven. No confronta adecuadamente los factores de oferta y demanda que impulsan los flujos migratorios; no considera en absoluto la difícil situación que viven los 12 a 13 millones de inmigrantes que han formado su hogar en Estados Unidos; provoca la propagación de abusos contra los derechos de los inmigrantes, y crea una economía y una sociedad paralelas, marginales.
Es claro que el gobierno federal ha fracasado en la creación de un sistema de inmigración sustentable. Pero involucrar a los gobiernos y policías distritales en el cumplimiento de las leyes migratorias no es la solución. Antes bien, simplemente extiende el fracaso a nuevos niveles de gobierno.
Tom Barry, un analista con el Centro para la Política Internacional (CIP), dirige el Proyecto Transfronterizo del Programa de las Américas.

PROYECTO SIGUIENDO LAS HUELLAS DE MIS ABUELOS INMIGRANTES.

Este proyecto, apoyado desde el comienzo por nuestros amigos del Seminario de Guatemala, y ahora por dos ONGS internacionales, tiene como finalidad, relacionar e integrar los distintos movimientos migratorios de inmigración y emigración de la poblaciòn internacional en general y la sociedad uruguaya en particular, descubriendo y revalorizando su condición migratoria común, que otorga realidad a aquella afirmación constantemente repetida: "Todos somos migrantes" , reconociendo los recíprocos aportes de estos movimientos a las identidad cultural y al desarrollo de las sociedades emisoras y receptoras, estrechando los lazos fraternos y solidarios entre ambas, disolviendo así artificiales enfrentamientos entre pueblos cuya sangre se nutre de diversidades culturales comunes.


Agregamos ahora algunos de los mensajes que nuestros compañeros del foro de Antigua, nos han aportado a lo largo de estos meses.

Máría Fernanda Salazar. Costarrica.

Hola a todas y a todos espero que esten muy bien, les escribo para
contarles que pronto tendremos un Evento sobre Migración aquí, pues se llevará acabo el Primer encuentro de Mujeres y Organizaciones Migrantes 2008 a realizarse del 27 al 28 de noviembre en el Hotel El Marañon, Ciudad Colón Costa Rica, en este
encuentro tendremos diferentes mesas de trabajo, con temáticas como La
trata de personas, Información sobre trámites legales, video foro
sobre educación pacifica, entre otros.
El afiche para que lo vean esta en los archivos del grupo.
Saludos
Maria Fernanda Salazar

Siguiendo las huellas de nuestros abuelos inmigrantes.

Ante todo !!!!!!Muchas Gracias!!!!!
A todos nuestros amigos y compañeros de Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela, Chile, Nicaragua, Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Mexico, España, Francia, y Suiza, que desde aquel hermoso Seminario sobre Migracion, en Guatemala, han puesto todo su entusiasmo militante en la causa de la Migración, su experiencia, el intercambio desinteresado de información, sus vivencias específicas en la accion social comunitaria en el campo de la Migracion en sus respectivos países; sus investigaciones, y ese apoyo solidario y permanente en estos ultimos meses, para permitir por fin que este nuevo espacio de estudio, información , intercambio y difusión de los derechos de los movimientos migratorios mundiales, tuviera comienzo en Uruguay, contando con el apoyo de esta red internacional de amigos y amigas que luchan por esta causa, de forma sincera y autèntica, en oposicion a la demagogia de las entidades que utilizan esta vulnerabilidad social para lograr sus mezquinos intereses personales.
A todos ellos, Mariana, Blanca, María del Pilar, Nairobi, Nelson, Carolina, Steven, Marisol, María Fernanda, Carlos, (ambos), Silvia, Jaime, Gustavo, Neyra, Liliana, Georgina, Carlos Alfredo, Alejandra, Mariza, y tantos otros que estuvieron siempre presentes en este proyecto, GRACIAS por haber contribuido a que este espacio uruguayo fuera realidad.
A todos ellos GRACIAS, desde la siempre bienquerida Montevideo.
Montevideo, 10 de octubre de 2008